El Gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para incorporar a su legislación el anteproyecto de ley de la Unión Europea por el que los asesores fiscales estarían obligados a renunciar al secreto profesional que hasta ahora les protege e informar a Hacienda sobre cualquier operación con riesgo fiscal que detecten en sus clientes,

Sin embargo, la nueva legislación abre la puerta a cierta independencia de los asesores a la hora de trasladar esta información confidencial. La directiva establece que será cada uno de los Estados el que decida «dispensar» a los intermediarios fiscales del deber de informar a Hacienda cuando exista una regulación específica del secreto profesional, como ocurre en nuestro país.

Las asociaciones que agrupan a este colectivo ya han hecho saber a la Administración este extremo, por lo que esperan que se tenga en cuenta esta dispensa. Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Antonio Jiménez, director del Gabinete de Estudios, confirmó ayer a LA RAZÓN que «se trabaja con la Administración para conseguir que se haga una ley justa y homogénea en todos los países europeos». Para Aedaf esa es la clave, ya que, si no fuera así, podría haber países en los que se mantenga el secreto profesional y en otros no. «Sería un flagrante caso de competencia desleal y no solucionaría lo que se quiere lograr. Regular sí, pero para todos igual». Los asesores tienen hasta el 15 de julio para presentar alegaciones a Hacienda.